POSCO en el mundo: un estándar de conducta más allá de Brasil

En 2015, POSCO —y, en particular, su unidad de construcción (POSCO Engineering & Construction)— fue asociada, en Corea del Sur, a un ciclo de averiguaciones que involucraba alegaciones sobre la creación y uso de “fondos paralelos” (slush funds): reservas de dinero sin transparencia, susceptibles de uso para fines ilegítimos como sobornos y gastos ocultos. Las sospechas alcanzaban malversación de fondos, fraude, corrupción y violación del deber fiduciario, con menciones a contratos y operaciones en el extranjero. Fuentes públicas de ese periodo registraron diligencias, la formalización de acusaciones e imputaciones y la responsabilización de varios implicados en lo que se conoció como el “escándalo de corrupción de POSCO”, con referencia a decenas de procesados y detenciones en el marco de las investigaciones. (Fuentes 1–4)

En una fase posterior, en 2018, las noticias indicaron que la gobernanza financiera de la unidad de construcción volvió a ser objeto de escrutinio regulatorio, con mención a sospechas de irregularidades contables y cuestionamientos por parte del organismo supervisor financiero. El punto público señalado, en ese marco, es la propia existencia de la investigación regulatoria y sus impactos reputacionales. (Fuente 5)

En el ámbito de la competencia, POSCO fue citada en decisiones administrativas relacionadas con la fijación de precios en el sector siderúrgico. En 2012 se informó que la autoridad antimonopolio surcoreana impuso multas a varias siderúrgicas, incluida POSCO, por conductas descritas como colusión para la fijación de precios a lo largo de años en determinados productos. El resultado conocido fue la aplicación de sanciones administrativas. (Fuentes 6–7)

La discusión sobre competencia también alcanzó a la unidad de construcción, en controversias por manipulación de precios y coordinación de ofertas en licitaciones (price-rigging y bid rigging) para obras públicas. En 2014 se notificó la imposición de multas y órdenes correctivas en un caso que involucraba a la subsidiaria de construcción y a otra empresa, con referencia a obras de saneamiento y tratamiento de agua, además de remisiones para la investigación penal de individuos. (Fuentes 8–9) En 2016 hubo nueva noticia de multa en un caso adicional de bid rigging que involucró a la unidad de construcción, reforzando la recurrencia del tema de colusión en licitaciones en ese segmento. (Fuente 10)

En India, el megaproyecto siderúrgico en Odisha vinculado al grupo POSCO fue descrito por una organización internacional de derechos humanos como una situación de riesgo, con alegaciones de amenaza a medios de subsistencia, desplazamientos e insuficiencia de salvaguardias, además de cuestionamientos sobre la consulta a las comunidades y la evaluación de impactos. El resultado, según la fuente, es la formalización pública de la alerta y la exigencia de diligencia antes de avanzar con medidas que afectaran a las comunidades —contexto en el que se formó incluso el movimiento conocido como “Anti-POSCO”. (Fuente 11)

En Myanmar, tras el golpe de 2021, empresas del grupo fueron presionadas por vínculos empresariales con una entidad corporativa ligada a las Fuerzas Armadas. La controversia fue presentada como un riesgo reputacional y de cumplimiento (compliance), ante reclamos de inversores y de la sociedad civil. El resultado conocido fue el anuncio, por parte de una subsidiaria del grupo, del cierre de una joint venture. (Fuente 12) Además, en Myanmar el debate alcanzó el sector del gas y los potenciales flujos financieros hacia el socio estatal del proyecto: se informó que POSCO International revisaría pagos de dividendos en determinado proyecto, en un contexto de presión para reducir fuentes de financiación del régimen; en paralelo, un documento del OHCHR registró preocupación por ingresos anuales que podrían seguir fluyendo hacia el socio estatal. (Fuentes 13–14)

En Indonesia, alegaciones de impactos socioambientales y de derechos humanos en la cadena de producción vinculada al aceite de palma fueron llevadas al mecanismo de las Directrices de la OCDE, mediante una specific instance (reclamo) ante el Punto de Contacto Nacional surcoreano. El caso fue aceptado y pasó por intentos de mediación que terminaron sin acuerdo, culminando en una declaración final con recomendaciones —incluida la adopción de prácticas NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation), medidas de diligencia debida responsable y recomendaciones dirigidas a financiadores institucionales. (Fuentes 15–16)

En 2025 y 2026, la unidad de construcción de POSCO volvió a aparecer en publicaciones sobre fallas de seguridad en obras y accidentes fatales. Se informó una decisión judicial que impuso una multa por falla en la instalación de protecciones básicas en obra, vinculada al fallecimiento de un trabajador, con responsabilidad también de actores de la cadena de subcontratación. (Fuente 17) A continuación, hubo noticia de la imputación penal de un encargado de obra por muerte en un accidente que involucró equipo de perforación, bajo la acusación de ausencia de medidas de protección adecuadas. (Fuente 18)

En el plano administrativo, las fuentes consignaron la aplicación de una multa relevante y la orden de reestructuración del sistema interno de seguridad (Fuente 19), además de repercusiones en la gobernanza corporativa relacionadas con la sucesión de accidentes —incluida la renuncia del CEO de la unidad de construcción en medio de la presión pública. (Fuente 20) El panorama combina medidas punitivas y correctivas con impactos reputacionales y cambios en la dirección ejecutiva.

En Brasil, además de la quiebra en Ceará, existe un historial de controversias penales vinculadas al periodo de la obra. Hay registro de una denuncia del Ministerio Público Federal que involucra acusaciones como evasión de divisas y asociación ilícita, bajo la narrativa del uso de estructuras empresariales para viabilizar remesas y prácticas ilícitas; también existe un registro judicial en un habeas corpus en el TRF-5 que menciona elementos de la investigación y medidas cautelares. Lo que es públicamente verificable es la existencia de un procedimiento y de una decisión judicial en el ámbito penal federal; la resolución de fondo de cada imputación depende del trámite de las acciones respectivas. (Fuentes 21–22)

En Estados Unidos, POSCO Holdings INC. mantiene valores mobiliarios negociados en la Bolsa de Nueva York mediante ADR bajo el ticker PKX, indicado como ADR de Nivel III, con participación de banco depositario y, en consecuencia, sujeción a obligaciones formales de reporte ante la SEC. (Fuente 23) Ese encuadre implica la presentación anual del Form 20-F (para foreign private issuers) y la posibilidad de actualizaciones por “eventos subsecuentes” vía Form 6-K, cuando hechos relevantes se materializan después del cierre del periodo reportado. (Fuentes 24–27)

El Form 20-F exige la divulgación de litigios en los que la compañía esté involucrada. Se discute públicamente el alcance de esa obligación cuando los hechos se originan en subsidiarias —por ejemplo, arbitraje o insolvencia de una subsidiaria— sobre todo bajo el criterio de materialidad, punto que cobra relevancia ante ocurrencias en distintas jurisdicciones, incluida la situación de la quiebra en Brasil.